Mucho se ha escrito y discutido sobre la existencia o no de una organización terrorista anarquizante en la Andalucía del XIX, conocida popularmente como la Mano Negra. Supuestamente, la susodicha es la responsable de la inestabilidad política en el sur de España durante todo el mencionado siglo, plagando de atentados el campo y la ciudad andaluza decimonónica. No dedicaré por tanto más tiempo a dicha discusión, sino a realizar un relato de los hechos a la misma atribuidos y a su contexto más próximo.
Así, podríamos comenzar por establecer los orígenes ideológicos de los movimientos campesinos andaluces. Para ello, resulta imprescindible nombrar a aquel que votase, allá por 1823, la destitución en Cortes de Fernando VII, don Joaquín Abreu, quién más tarde, en 1831, habría conocido en Francia a Carlos Fourier, un utopista que influyó de manera decisiva en su pensamiento. A su regreso a España, Abreu se dedicó a la difusión de sus ideas en El Eco de Madrid, y en su entorno más cercano, en la ciudad de Cádiz.
No se puede descartar su influencia en los acontecimientos que se sucederán entre finales de los años treinta y mediados de los cincuenta en la provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, donde de forma aislada pero sucesiva se producen levantamientos violentos, ocupaciones de tierras y reparto de las mismas, así como de ganado, todos ellos abortados, en ocasiones con la intervención del ejército. Resulta complicado, por su dispersión y falta de uniformidad, establecer patrones comunes o causas directas que los provocasen, sin embargo sí parece haber sido determinantes la desamortización de Mendizábal y la sublevación de La Granja. También, las leyes agrarias de Carlos III podrían estar detrás del descontento del campesinado andaluz.
Más tarde tendría lugar la última gran desamortización, la de Madoz, en mayo de 1854, a lo que seguiría meses más tarde el levantamiento originario de la revolución liberal, que daría origen al conocido como bienio progresista. Inmediatamente se producen las primeras detenciones de las que tenemos constancia en relación con los sucesos de las dos décadas anteriores, acusados de formar parte de una asociación secreta y de subversión del orden social establecido.
En 1857, se constata un nuevo levantamiento en la provincia de Sevilla, éste mejor documentado que los anteriores. Unos ciento cincuenta trabajadores entran a plena luz del día en El Arahal y Utrera de forma simultánea, tomando por sorpresa a la Guardia Civil hasta tal punto que accedieron sin violencia al archivo municipal, que destruyeron en parte, así como el de alguna escribanía. Estos hechos, condenados por los partidos políticos, que no alcanzaban a darles explicación, según parece, eran vox populi, y fueron inmediatamente denunciados y perseguidos por el Ejército y la Guardia Civil, dando caza a la mayoría de los partícipes en la serranía de Ronda. Todos ellos fueron condenados a muerte por el Consejo de Guerra, siendo fusilados sus líderes de acuerdo con el fallo. No sucedería así con aquellos que fueron detenidos más tarde, sentenciados en la misma medida por el tribunal, pero que gracias al clamor popular y a la intercesión de los partidos que reclamaron clemencia a la Reina, vieron como la pena de muerte les fue conmutada. Más tarde, la autoría intelectual sería atribuida a una organización, supuestamente comunista, descubierta en el Arahal.
Como vemos, hasta ahora toda la actividad registrada aquí se halla circunscrita a Andalucía occidental, si bien no se limita a ella. Sí lo hace, sin embargo, al área localizada al sur del río Guadalquivir. Esto responde a las características geográfico-climáticas que hacen de esta zona el entorno agrario por excelencia de la región, frente a un norte minero y pecuario altamente despoblado. Así, observamos cómo cerca de Antequera se subleva el albéitar de la localidad, a consecuencia de una condena dictada sobre el mismo por el alcalde de la ciudad en relación a un movimiento popular sedicioso, otra vez en verano, como ya sucediese en El Arahal y Utrera. Parte junto con algunos seguidores a la provincia de Córdoba, donde lo encontramos días más tarde rindiendo al cuartel de la Guardia Civil y reclamando suministros. Tras reunir un importante grupo, toma la localidad de Loja, donde subleva al pueblo y planta cara al Ejército, resistiendo por cuatro días, tras lo que decreta abandonar la ciudad y huir. Detenido y condenado a muerte, es indultado por el Ministro de Gobernación. Al ser preguntado por la motivación de sus acciones, este contestó que lo hacía “contra la monarquía” y por “la democracia”.
Con la sublevación de la leva en 1868 y una nueva revolución, conocida esta como La Gloriosa, se suceden desde el mismo día siguiente los alzamientos campesinos y la toma de tierras adquiridas por la burguesía tras las sucesivas amortizaciones en la provincia de Cádiz primero, Huelva y Sevilla después, y, de forma más excepcional, Málaga y Córdoba, aconteciendo en numerosas ocasiones en las mismas localidades que en el segundo cuarto del siglo. La reacción de los terratenientes no se hizo esperar, negándose a desempeñar cargos públicos y manifestando su enemistad con la Revolución; a ello siguió la del Gobierno, enviando al Ejército en defensa de los propietarios, que desalojaron a los campesinos de las tierras ocupadas y disolvieron las milicias que había participado en la consecución de la Revolución, a las que desarmaron no sin resistencia.
De esta forma quedaron sofocadas las diferentes revueltas que, sin embargo, volverían el año próximo a la provincia Cádiz, una vez más en verano, tras conocerse la continuidad de la monarquía, si bien en una nueva dinastía, por la decisión tomada en las Cortes constituyentes. El mismo general Prim afirma la coordinación y gran madurez de los insurrectos, a quienes reconoce como “gente del campo” armada, frente a la desorganización de la anterior revuelta y la participación en ella de parte del proletariado urbano, al menos del gaditano. Esta sucesión de contratiempos y desengaños pudo llevar al pueblo andaluz a renegar de los cauces políticos establecidos, siendo fundamental para allanar el camino a la entrada del anarquismo.
Además, en 1868 el italiano Giuseppe Fanelli ya había hecho su aparición en España, sembrando el germen de lo que aquí sería el anarquismo. Sus ideas no tardaron en impregnar la mente de quienes las habían escuchado, creyéndose iluminados por una verdad absoluta. En poco tiempo, estas llegaron a Andalucía, donde surgieron nuevos grupos en Arahal, Lora del Río y Arcos de la Frontera, a los que siguieron otros en la provincia de Cádiz y en las pequeñas poblaciones del bajo Guadalquivir. La idea era llevada de pueblo en pueblo por voluntarios que se ofrecían para transmitirla. Hacían reuniones, escuelas nocturnas para enseñar a leer, propaganda antirreligiosa, se fomentaba la comida vegetariana y la abstención alcohólica, llegándose en ocasiones a prohibir el tabaco.
A raíz de la expulsión de Bakunin y sus simpatizantes de la Internacional, éstos decidieron reunirse quince días después en Saint-Imier, en el cantón del Jura suizo. Allí asistieron los delegados españoles González Morago y Farga Pellicer, quienes volvieron entusiasmados y se apresuraron a convocar un Congreso Regional que habría de celebrarse el 26 de diciembre de 1872 en el teatro Moratín de Córdoba, al cual asistieron 54 delegados representando a los miembros de 236 federaciones locales y 516 sindicatos. Las conclusiones de Saint-Imier fueron aprobadas por unanimidad, dando lugar a la primera organización puramente anarquista en España, declarándose las secciones locales y sindicales “soberanamente independientes”, perfectamente libres de renunciar cuando gustasen a su adhesión a la Federación.
Pero en este mismo periodo, los bandoleros, héroes populares hasta entonces, se vuelven ahora contra los propios campesinos. Ante la venta de las tierras comunales, la presión de los mismos era creciente, una situación a la que había que ponerle freno. Así, entre 1868 y 1873, cada vez que un bandolero era detenido, los caciques forzaban su liberación para ponerlos a trabajar a sus órdenes, actuando como represores de aquellos que protestaban, generando un percance terrible contra los intereses de los mismos.
Como contraprestación al cambio de bando de los bandoleros, a partir de 1870 comienzan a unirse con las organizaciones obreras pequeños arrendatarios y aparceros, que a menudo se veían obligados a buscar trabajo asalariado para complementar sus ingresos, viéndose en una situación similar a la de los jornaleros, quienes habían protagonizado hasta entonces sus protestas, rechazando el trabajo a destajo y pidiendo el aumento del salario. Esta asociación fortaleció notablemente la lucha campesina. Sin embargo, muchos de ellos se veían obligados a buscar trabajo fuera de sus municipios, por lo que se veían distanciados de los intereses de los jornaleros. En Córdoba, en muchas asociaciones campesinas se modificó la definición de trabajador para que pudiesen participar pequeños empresarios empobrecidos, limitándose el acceso a aquellos que poseyeran menos de dos o tres hectáreas de tierra, quedando el resto excluido.
Con la llegada de la I República, Sevilla, Cádiz, Jerez y Málaga se declaran independientes. Del mismo modo hicieron, aunque sin éxito, Córdoba y Jaén. Los cantonalistas compartían muchos puntos con los anarquistas, como el anticlericalismo, manifestado en Sevilla con la conversión de la catedral en un café. Sin embargo, estos no tuvieron suficientes apoyos y, en el mes de julio, el general Pavía entró en Sevilla con un puñado de tropas, y con una mezcla de tacto y de firmeza restableció el orden en Andalucía.
Tras el fracaso de la I República, el 10 de enero de 1874, se decretó la disolución “por motivos de seguridad” de la Asociación Internacional de Trabajadores en España. Esto devolvió a la clandestinidad a los asociados, que crearon pequeñas sociedades secretas. En Jerez, la muerte de perros de guardia se extendió por la zona para que estos no pudieran ladrar a su paso, camino de las secretas reuniones nocturnas. Este periodo acabó en 1881 con la llegada al poder del gobierno liberal de Sagasta, legalizando los sindicatos y las organizaciones obreras. Al año siguiente, en 1882, se celebró un nuevo congreso en Sevilla, ante la perspectiva de pasar a la legalidad, limitando la lucha al debido uso de la huelga. Sin embargo, se presentaba un problema. La huelga, para realizarse efectivamente, necesitaba de un fondo económico para subsistir, algo que muchos campesinos andaluces no se podían permitir. Se buscó una forma de conciliación, pero un grupo autodenominado ‘los desheredados’, compuesto por varias secciones de Jerez y Arcos de la Frontera, abandonó la Federación en defensa de la lucha violenta. Además, a esta situación había que añadir la particularidad de la huelga en el campo en época de cosecha, ya que no supondría quedarse sin comer unas horas o días, sino probablemente el resto del año.
En esa época, en la cárcel de Jerez había más de cuatrocientos presos por asesinato o asociación ilícita en relación con los sucesos del campo, escogidos según parece arbitrariamente de entre los miles de militantes con que contaban las más de ciento cincuenta federaciones. Condenados por pertenencia a una organización secreta, por haber participado de sus acciones o de su presunto jurado popular, muchos fueron ajusticiados y otros muchos perecieron allí. La represión fue grande, pero hasta final de siglo se tiene constancia de nuevos levantamientos, como el de Jerez de 1891, motivado por la huelga de Barcelona, en la que en nombre de la revolución social los campesinos en armas tomaros la ciudad durante algunas horas, hasta que fueran desalojados con gran violencia por la policía y condenados a trabajos forzosos.
Por Carlos Albo Rodríguez, artículo publicado originalmente en The Social Science Post.
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