Uno de los aspectos más controvertidos del envío de
fondos de «particulares» a la Generalitat de Cataluña que se inició de
forma masiva el pasado mes de julio es el de aquellos casos de
organizaciones que han formulado expresamente su deseo de que sus
papeles permanezcan en Salamanca y, sin embargo, han visto cómo Cultura
los ha enviado a Barcelona.
La postura más contundente la ha marcado la Fundación de
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, heredera de la CNT. Su presidente,
Manuel Vicent, ha considerado directamente que el envío a Barcelona de
sus papeles «es una perversión política, una indignidad histórica y el
mantenimiento de una injusticia innombrable con los que fueron víctimas
de la dictadura».
El portavoz de la organización anarquista asegura que
«unos y otros, valiéndose del expolio hecho por la dictadura, pretenden
quedarse con lo que no es suyo, ni les pertenece, todo ello basándose en
la aplicación de un principio archivístico falso como es aplicar el
principio de procedencia al territorio y no a la persona física o
jurídica que originó el archivo».
Es decir, Vicent lamenta que el Ministerio de Cultura
haya aplicado «de forma casi prevaricadora» un rasero muy favorable a
los intereses catalanes, al permitir la formación de archivos
artificiales del territorio catalán, sin considerar que formaban un todo
con el resto de papeles y archivos de organizaciones como la CNT
presentes en todo el estado.
«En 2005 la CNT, instaba al Ministerio para que ningún
documento que le perteneciese saliese de Salamanca, a este acto se hace
caso omiso por parte del Ministerio y saltándose los principales
principios archivísticos como lo son el del orden original y el de
procedencia, sigue sus negociaciones oscurantistas con la Generalitat
para que se expolie a las víctimas de la Guerra Civil en beneficio del
Estado», acusa Vicent.
Una postura similar ha mantenido el PCE, cuyos fondos
vinculados de algún modo a Cataluña también han sido desgajados del
resto de documentos y enviados a Barcelona. Fernando Sánchez, secretario
de Organización, ha insistido en que «disgregar esos archivos es un
error», subrayando que los fondos «son nuestros y queremos que estén en
el Centro de la Memoria».
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