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martes, 5 de febrero de 2019

Antimilitarismo, una cuestión feminista. El falso mito de la paridad en uniforme


En 2019 el militarismo parece no ser un problema muy sugerente para quien se ocupa de paridad de género y reivindicaciones identitarias, pero creo que por el contrario debe serlo para quien lucha desde una perspectiva feminista o transfeminista. Los ejércitos de los estados occidentales son un ejemplo de democracia, al menos de fachada, para quien se interesa por el respeto de los derechos civiles. 

Como dice Ursula von der Leyen, ministra de Defensa alemana, deben ser ejemplos de “tolerancia ante los grupos marginales” y abrirse a “las minorías”. 

Se cuenta que la cúpula de las fuerzas armadas estadounidenses se alinea contra el actual presidente que quiere, sin decirlo, reformar el modelo de ejército anterior a la administración Obama. 

En Alemania, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, el cambio de sexo se acepta incluso entre los militares: aunque obviamente no se tienen todavía las mismas oportunidades de los varones blancos, no hay demasiados obstáculos para la promoción, ni para las mujeres ni para las personas transgénero; estás últimas han sido aceptadas solo recientemente, pero su recorrido laboral es bastante similar a cuanto sucede en otros sectores del mundo del trabajo. 

Las fuerzas armadas de los Estados nacionales del mundo occidental han ampliado sus filas siguiendo el desarrollo de la mentalidad, en la dirección de la tolerancia hacia el diferente, porque es patriota, porque se puede certificar como nacionalizado. 

Han sido “superados” –al menos a nivel formal– varios prejuicios presentes en el curso de las guerras: por ejemplo, los primeros regimientos de soldados de color existen ya en la Guerra Civil americana. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunas naciones (Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética) emplearon a mujeres en varios puestos, si bien eran auxiliares. Con Clinton, el prejuicio “superado” fue el de la homosexualidad, aunque sin pasarse (el célebre “don’t ask, don’t tell”) y ahora le llega el turno al mundo LGTB en su conjunto. 

Hay quien sostiene que el ingreso de la mujer en las fuerzas armadas ha contribuido a abatir los estereotipos que están en la base del patriarcado. La inferioridad de la mujer como ser humano incapaz física y moralmente de defenderse y de valerse por sí misma viene superada, dicen, a través de su enrolamiento, que las convierte en soldados eficaces y motivados, debiendo demostrar que pueden resistir tanto o más que los hombres: ¡quién no recuerda a la soldado Jane! 

Quien piensa así desde una perspectiva feminista comete, en mi opinión, una enorme equivocación ante la propia lucha feminista: la equivocación de no ser capaz de pensar en una sociedad basada en mecanismos diferentes respecto a los de la explotación y el dominio del más débil. Si en el imaginario propagandístico es cierto que los militares serían los garantes de la “sagrada democracia”, en la realidad los ejércitos sirven para proteger o conquistar los intereses de unos pocos, intereses políticos y sobre todo económicos, de quienes tienen como único objetivo la explotación de los recursos del planeta, ya se trate de personas o de elementos de la naturaleza. Las fuerzas armadas de los estados nacionales deben poder ser dirigidas y utilizadas para la ocasión por los jefes de gobierno de las diferentes naciones, y esto significa que lo que importa sobre cualquier otra cosa es la obediencia a las órdenes y, por tanto, la estructuración jerárquica, la capacidad de matar a otros seres humanos, la capacidad de establecer una jerarquía que permita estar por encima, dominar. 

Las fuerzas armadas son un instrumento, un servicio: son la espada. Si pienso que mi acción –en el campo de batalla, en una frontera o tras los controles de un arma a distancia, poco importa– tendrá consecuencias reales, dejará morir a personas que emigran en busca de un lugar mejor o destrozará a individuos hechos de carne y hueso como yo, no puedo rendirme a la construcción de un “otro yo” inferior, abyecto, un ser humano con el que no puedo en modo alguno identificarme. Una pena, mi incapacidad de ser eficaz a gran escala. 

Históricamente, las mujeres han sido siempre consideradas terreno a conquistar –como se decía en un tiempo– como las casas, las vacas y los tesoros presentes en territorio enemigo. Las mujeres tenían una cosa por añadidura que se podía tomar en el curso de la guerra: su capacidad reproductiva. Podían, incluso debían, ser violadas. El estupro ha sido y es todavía un arma de guerra, es el medio a través del cual el soldado completa su deber de conquistador, contaminando físicamente, pero sobre todo simbólicamente, la progenie futura de los territorios conquistados, de los territorios en que los varones enemigos se verán obligados a asumir hijos que no son suyos o a repudiar a las mujeres arruinadas para siempre. 

Según esta perspectiva, las mujeres deberán recordar qué significa haber estado en esa condición y serlo todavía en muchas partes del mundo. Las feministas que hablan de deconstrucción desde dentro de la perspectiva patriarcal de las fuerzas armadas a través de la participación en el funcionamiento y en la constitución del ejército no deberían olvidarse nunca de cómo podían fácilmente ser colocadas de nuevo en “su” puesto, no deberían olvidarse nunca de quien precisamente partiendo de una perspectiva feminista buscaba y busca construir un mundo basado en otros sistemas, sistemas que no contemplan el supremacismo sino la horizontalidad, sistemas que no contemplan la definición de una identidad en función de la nacionalidad, sistemas que todavía hay que pensar y definir pero que parten del reconocimiento y no de la distinción o de la destrucción. Por estas razones creo que la lucha contra el militarismo debe ser fundamental desde una perspectiva feminista. Lo es como lo es nuestra capacidad de elaborar relaciones políticas y sociales verdaderamente inclusivas y transparentes según una perspectiva que no es pacífica ni mucho menos pacifista, sino que es antijerárquica, antidogmática, sin fronteras, antirracista, anarquista. 

Argenide 

Publicado en Tierra y Libertad, número 365-366 (diciembre 2018 - enero 2019)

lunes, 18 de mayo de 2015

"La ley del número", Ricardo Mella

Ahora que volvemos a tener un nuevo llamamiento a las urnas, os invitamos a leer un clásico anarquista que impugna el valor de la ley de mayorías con la que, nos dicen, se rigen los regímenes democráticos que padecemos los trabajadores y trabajadoras. Se trata de La ley del número, del siempre atinado Ricardo Mella. 

Contra la farsa electoral, abstención activa.


martes, 20 de enero de 2015

Los movimientos sociales frente al ascenso de Syriza y la izquierda parlamentaria

 

Un texto imprescindible para entender cuál es en este momento la relación entre movimientos sociales y Syriza ante la probable llegada de esa formación al poder en Grecia.
Theodoros Karyotis, Antonis Broumas. Traducido por Jeza Goudi.
"Para nosotros, el contenido del proyecto revolucionario es que la gente llegue a ser capaz de tomar las cuestiones sociales en sus propias manos y la única vía para lograrlo es que la gente vaya tomando más y más los asuntos sociales en sus manos".
~ Cornelius Castoriadis (1979)
"...lo que cobra forma es una sociedad otra: el objetivo es el poder, no el estado, o sea organizarse como los poderes de una sociedad otra".
~ Raul Zibechi (2010)
Hoy en día, el antagonismo social sucede en términos marciales. La dominación capitalista resuelve sus contradicciones, ya no concediendo ciertos derechos y privilegios a los oprimidos, como ha hecho en el pasado, sino imponiendo un estado de excepción permanente, donde todas las medidas de ingeniería social están justificadas y todas las protestas son percibidas como una iniciación de hostilidades. Llegar a un nuevo equilibrio sigue siendo un reto; y ese reto se abordará solo con la del contrapoder social en el centro de la escena política.
En este contexto sociohistórico, la posibilidad de un gobierno de izquierda emerge en Europa, con la coalición de izquierdas Syriza de Grecia y el recién llegado Podemos de España como su vanguardia, en respuesta a la perspectiva del autoritarismo neoliberal consolidado sobre una base nacional.
Los periodos de crisis son momentos de antagonismo social, en los que se licúan las posiciones de las fuerzas sociales contestatarias. En la presente crisis, los movimientos sociales autónomos emergen de las contradicciones del capitalismo moderno como los principales sujetos colectivos con un potencial para una transformación radical y un cambio social. Ellos constituyen el principal oponente a la dominación capitalista en la actual confrontación social y cualquier conflicto dentro del aparato del estado y del gobierno es, esencialmente, un reflejo del flujo y reflujo de las movilizaciones sociales. Siendo conscientes de que el nuevo mundo que anhelamos solo puede venir a través de las luchas desde las bases, tenemos que contemplar seriamente la posibilidad de un gobierno de izquierdas. Los efectos de tal victoria electoral serían ambiguos para los movimientos de base, ya que, por un lado, esa victoria podría inclinar el equilibrio de poder y, por tanto, dar un poco de oxígeno a los movimientos en su enfrentamiento a la dominación capitalista, pero, por otro, podría acelerar la inquietante tendencia a la cooptación y asimilación de los movimientos sociales por parte de la lógica de la gestión estatal.

Burocracia de izquierdas y estado

En teoría, la izquierda comunista se relaciona con el estado en términos instrumentales. La conquista del estado burgués se presenta como un mal necesario en el camino hacia el poder obrero. Esta visión, sin embargo, se sumerge –incluso en el puro nivel teórico– en una serie de contradicciones. Incluso en sus versiones más sofisticadas no aborda la cuestión de la relación dialéctica entre la burocracia del partido de la vanguardia y la autonomía del mundo del trabajo, ni la posibilidad de conseguir una transición a una sociedad igualitaria, cuando existe tal disparidad entre los medios usados y las metas propuestas.
Pero en la praxis social, la experiencia histórica de la relación entre partidos de izquierda y el estado es aún más compleja y contradictoria. En el siglo XX, casi la mitad del planeta ha sido gobernada por burocracias de izquierdas que ejercitaron el poder apartadas de las clases sociales a las que decían representar. En la mayoría de victorias de la izquierda –electorales u otras– las formas populares de organización, sean soviets, consejos de trabajadores o asambleas, fueron suprimidas sumariamente por el poder central de la nueva clase directiva. Pero incluso allá donde no llegaron a tener el poder estatal, las burocracias de izquierda operaron meramente como agentes de mediación y delegación de poder político, en vez de ser una expresión del sujeto colectivo del movimiento obrero. En un intento de vencer al estado burgués con sus propias armas, modelaron sus estructuras organizativas sobre los elementos más reaccionarios y jerárquicos del mismo estado burgués, anulando, así, cualquier tentativa de autoexpresión autónoma de los trabajadores.
Sin embargo, mucho ha cambiado desde el apogeo de los movimientos obreros hasta hoy. En el contexto europeo, una posible conquista del poder estatal por parte de un partido de izquierdas no se ve ya como el mal necesario, sino como un objetivo estratégico para mitigar el impacto sobre el tejido social del asalto neoliberal. En la mitología de izquierdas moderna, el estado es visto implícitamente como la última frontera de la política "real", opuesto al creciente poder social del capital; de este modo, la crítica de la esencia burguesa de la naturaleza del poder estatal puede ser ignorada. Esta concepción del estado, sostenida por la mayoría de los partidos de izquierda contemporáneos, se está quedando rezagado tras, incluso, enfoques anteriores de la izquierda socialdemócrata, que al menos conservaban una mínima conexión con la meta estratégica de la transformación social.
Sin embargo, la estrategia de la salvación social mediante la conquista del poder estatal sigue pareciendo atractiva a una parte de las capas oprimidos, que aún preservan recuerdos del estado del bienestar de tipo norte-europeo y piensan en la movilización colectiva como un medio de presión para extraer concesiones del principal agente de mediación del antagonismo social, es decir, el Estado. Mientras que es tentador para mucha gente pensar hoy en día en el Estado del bienestar de la post-guerra como el único medio con sentido y efectivo de garantizar derechos sociales y económicos para el grueso de la población, hoy es evidente desde una perspectiva histórica que tal equilibrio no fue más que un arreglo temporal, limitado en su alcance,diseñado para apaciguar las clases trabajadoras de los poderes post-coloniales que se iban radicalizando y para evitar la amenaza soviética.
Asimismo, las administraciones de izquierdas de hoy en día no se esfuerzan en representar en la política sistémica a los emergentes sujetos sociales radicales, ni tampoco están intentando potenciar la emergencia de abajo hacia arriba de nuevas condiciones para nuestra existencia común, condiciones que son ahora omnipresentes en las movilizaciones sociales que suceden en cada continente del planeta. En vez de eso, atienden las expectativas de la vulnerable clase media de retornar al Estado del bienestar del pasado, donde la dominación capitalista se ejercía todavía en términos de consenso social y equilibrio de poder más que mediante la cruda imposición.
Es comprensible que el ambicioso programa de Syriza de redistribución de la riqueza a favor de las clases medias y bajas despierte la imaginación de los movimientos sociales de Europa; al fin y al cabo, en el contexto presente, hay un cierto heroísmo quijotesco en el neo-keynesianismo de Syriza, contrapuesto en la escena global a un neoliberalismo omnívoro, que, tras saquear el Sur Global durante décadas, ahora consume la periferia europea y avanzará pronto hacia el centro. Esto explica las proporciones casi míticas que cobra la fama de Syriza fuera de Grecia y las altas expectativas que el ascenso electoral de este partido ha creado. Estas contrastan con las de sus seguidores locales, quienes saben muy bien que, aunque puedan conseguir el poder del Estado, la capacidad del partido para una reforma radical será extremadamente limitada.
Aducimos que la aspiración de las clases medias venidas a menos de retornar a una etapa "humana" del capitalismo no será cumplida. El estado-nación contemporáneo está sumido en una crisis severa, tanto por las inherentes contradicciones de sus instituciones de representación como por la expansión del poder social del capital y sus estructuras no estatales. Hoy, más que nunca, la conquista del poder estatal no significa la conquista del poder social. Además, la confrontación contemporánea se desenvuelve entre el cada vez más consolidado poder social del capital y el contrapoder social de los oprimidos.
La transformación social radical del mañana no será un producto del estado burgués y sus instituciones de representación, sino de la subversión de las instituciones de Estado y de la emergencia de estructuras sociales de poder inmanente a la sociedad e inseparables de esta. Bajo estas condiciones, la conquista del Estado burgués por parte de una administración de izquierdas puede ir en detrimento de los movimientos autónomos si no ayuda a expandir estos espacios vitales de desarrollo de su poder social contra el poder del estado-nación y contra el capital internacional.
Sin embargo, nuestro rechazo de la línea reformista defendida por los partidos de izquierdas contemporáneos no implica una adopción acrítica de la política revolucionaria tal y como se definió en el siglo XX. En el capitalismo tardío del trabajo inmaterial y fragmentado, de las nuevas formas de disciplina mediante la deuda y tácticas de miedo, de centros de poder opacos muy alejados de la población que gobiernan, no hay un Palacio de Invierno que asaltar ni tampoco posibilidades de vencer al enemigo en términos militares. El barrio, la calle y la plaza pública han substituido ampliamente a la fábrica como epicentro del antagonismo social y de clase. Reconceptualizar la comunidad, romper el aislamiento social, crear estructuras horizontales y participativas basadas en la igualdad, solidaridad y el reconocimiento mutuo y construir redes entre esas estructuras son actos sociales que hoy constituyen la praxis revolucionaria.
Como siempre ha sucedido, la transformación social radical verdadera puede ser solo producto de una confrontación de un modo pre-existente de existencia social ampliamente difundido con las estructuras de dominación y no las acciones de unos pocos iluminados que rediseñen la sociedad en el interés de la mayoría. Por lo tanto los movimientos sociales más novedosos no buscan reformar las estructuras políticas y económicas existentes, sino construir alternativas en el millar de grietas del sistema actual, es decir, allá donde los valores capitalistas no pueden imponerse. Establecen la gestión colectiva de los bienes comunes, a través de la autogestión horizontal de comunidades que emergen a su alrededor, contra la atomización del mercado capitalista y la burocracia del Estado. Así, construyen las condiciones materiales de la autonomía política, asegurando la reproducción social que el estado y el mercado ya no quieren proporcionar y crean nuevos imaginarios de cooperación social para sustituir a los valores dominantes de movilidad social individual y prosperidad material.

Movimientos autónomos y gobiernos de izquierdas

La tensión entre los movimientos autónomos y los gobiernos de izquierdas se evidenció en Sudamérica durante la década pasada, con la re-emergencia de la izquierda de orientación estatal en el subcontinente. La tradición autónoma tiene profundas raíces en Latinoamérica, en gran parte debido a la organización política de los pueblos indígenas, siendo el ejemplo más prominente –aunque no el único– los Zapatistas; pero también debido a las prácticas de una serie de movimientos rurales y urbanos cuyas luchas no siguen el camino marcado: los sin-tierra de Brasil, las fábricas recuperadas o los piqueteros en Argentina, las guerras de agua en Bolivia, etcétera.
Mientras que estos movimientos se hicieron fuertes en condiciones de ataque neoliberal, en la década pasada tuvieron que enfrentarse a una serie de gobiernos progresistas, que eran, a su vez, productos de la agitación social causada por dicho ataque: desde la modesta socialdemocracia de Lula en Brasil y Kirchner en Argentina, hasta los experimentos de transformación política radical como el de Chávez en Venezuela.
Un primer resultado obvio del predominio de los gobiernos de izquierda fue la mitigación (aunque no la completa eliminación) de tácticas represivas. La retirada del apoyo gubernamental a los matones de los terratenientes y las organizaciones paramilitares, el descenso en las incidencias de tortura y encarcelamiento, marcó una gran diferencia para estos movimientos, que han pagado un precio muy alto en sangre por su acción política.
Otro aspecto positivo fue el cese de muchos proyectos neoliberales tan espectaculares como destructivos. Sin embargo, muchos de los gobiernos "progresistas", usando el discurso del "desarrollo económico", restablecieron esos grandiosos planes disfrazados de "inversiones de interés nacional". Cierto que Venezuela, donde un cierto tipo de autonomía popular floreció bajo el mandato de Chávez, constituye un caso especial dentro de este paradigma. Sin embargo, la insistencia en los combustibles fósiles como motor del crecimiento económico se lleva a cabo a menudo a expensas de la población local e indígena. Es evidente que todos los gobiernos, de derechas o de izquierdas, siguen comprometidos al imaginario capitalista de un crecimiento ilimitado a cualquier precio.
De todos modos, la mayor amenaza que representan los gobiernos de izquierdas para los movimientos de base es la pérdida de su autonomía. Los gobiernos de izquierda admiran a los movimientos sociales por los lazos de solidaridad que construyen entre ellos, por su conexión con la sociedad, por su imaginación y creatividad para solucionar problemas y, lo más importante, por el gran cambio que pueden llevar a cabo con fondos escasos o inexistentes. Con ese espíritu, muchos gobiernos de izquierdas latinoamericanos han intentado utilizar a los movimientos para ejercer política social, convirtiendo a los más prominentes activistas en burócratas, usando políticas asistencialistas para apaciguar a los sectores radicales y librando una guerra encubierta contra los movimientos que no se querían alinear con la línea gubernamental, hasta incluso llegando a acusarlos de ser agentes de las fuerzas de derechas.
A través de este tipo de política de “la zanahoria y el palo”, no sólo el Estado no consigue enriquecerse con el dinamismo de los movimientos sociales, sino que estos últimos se subordinan a las prioridades del Estado, perdiendo su momento y a menudo desvaneciéndose. En Grecia se experimentó una situación similar cuando el "radical" y socialdemócrata PASOK llegó al poder en 1981, marcando el final de la efervescencia política que caracterizó el periodo tras la transición democrática de 1974, y asimilando muchos movimientos sociales dentro del régimen corporativo que estableció. Más o menos en los mismos años, puede verse un caso similar en España con el gobierno Socialista de Felipe González.

Movimientos contemporáneos como sujetos colectivos por el cambio social

En el momento de escribir este artículo, un largo ciclo de movilización social está tocando a su fin en Grecia y en el mundo, dejando atrás un importante legado de estructuras que operan mediante democracia directa (cooperativas de trabajadores, asambleas locales, centros sociales, redes de solidaridad, movimientos en defensa de los comunes, emprendimientos de economía solidaria); pero también deja un gran fatiga y frustración ya que el programa de reformas neoliberales se está llevando a cabo punto por punto a pesar de los mejores esfuerzos –a un elevado coste personal– de innumerables activistas sociales. A causa de esta frustración, es fácil para los colectivos dejarse llevar hacia la introspección que propicia que ciertas partes del movimiento –ya propensas a esas prácticas– regresen a la persecución de la "pureza ideológica" y del sujeto revolucionario "real", una cruzada que en el siglo XX ya ha mostrado ser un camino sin retorno hacia la insignificancia política y el sectarismo.
Esta frustración y la falta de una visión concreta de transformación social desde abajo dejan un vacío que es explotado por los partidos de la izquierda parlamentaria para reforzar la lógica de la mediación política y para convertirse fundamentalmente en agentes del deseo de cambio social. Repitiendo las prácticas del siglo XX, usan su posición hegemónica para apropiarse de la plusvalía política de la movilización social y crean estructuras de representación dentro de los movimientos, restringiendo o marginalizando las demandas que no encajan en su agenda política y así desviando la acción de los sujetos sociales hacia el camino parlamentario.
Ciertamente, hay mucho camino por delante para los movimientos horizontales nacientes antes de que consigan trascender sus circunstancias locales y particulares,conectar con un devenir político más amplio y crear nuevos espacios políticos donde podamos debatir y decidir juntos los términos de nuestra existencia común --es decir, progresar de la coexistencia a la cooperación--. Sin embargo, los movimientos horizontales y prefigurativos, a pesar de ser una minoría, constituyen hoy la principal fuerza antagonista al sistema actual de dominación que muy rápidamente está alcanzando sus límites sociales y ambientales.
Los movimientos autónomos están orientados no a la toma de poder, sino a su dispersión: imaginan nuevas instituciones descentralizadas para la gobernanza de la vida social y económica para reemplazar la democracia burguesa, que está inmersa en una profunda crisis estructural de reproducción social, representación política y sostenibilidad ecológica. Eso no conlleva disponer de un programa bien definido de ejercicio del poder, sino de forjar lazos e instituciones que puedan permitir la síntesis de lo específico y local con lo general y universal. Las luchas por los comunes, por el conocimiento, la tierra, el agua y la salud, dejan tras de sí un legado de instituciones accesibles y participativas, que pueden formar la columna vertebral de un nuevo tipo de poder: el poder de las personas y no de los representantes.
Los esfuerzos del comunitarismo libertario apuntan hacia la creación de comunidades políticas activas y al uso de las instituciones locales como bastión contra el capitalismo global y como un campo apropiado para la aplicación de los preceptos del decrecimiento y de la intervención local. La promesa de la autogestión del trabajo, de las cooperativas de trabadores y de la producción entre pares indican un camino dentro, contra y más allá del estado y del mercado. En cualquier caso, la nueva fuerza constituyente será diversa, reflejando la infinidad de subjetividades militantes que engendra la dominación del capital en todos los aspectos de la vida social.
Ciertamente no hay nada inevitable en la emergencia de este nuevo mundo, ninguna certidumbre teleológica de que esto va a suceder así, de la misma manera que las predicciones deterministas del siglo XIX del advenimiento de una sociedad libre no se han cumplido. La lucha de las personas para prevalecer sobre la dominación del capital tendrá lugar en el campo contingente del antagonismo social, y dependerá de su determinación a convertir la frustración en creatividad social para liberarse de identidades restrictivas y de certidumbres ideológicas, para ignorar las promesas de mediación y reinventarse a ellos mismos como sujetos sociales instituyentes.
La versión griega de este artículo fue publicada en la revista política Babylonia, septiembre de 2014
Antonis Broumas es abogado, investigador y activista enfocado en la interacción entre la ley, la tecnología y la sociedad. Participa en movimientos sociales que promueven la autonomía social y los comunes globales.
Theodoros Karyotis es sociólogo, traductor y activista que participa en movimientos sociales que promueven la autogestión, la economía solidaria y la defensa de los comunes. Escribe en  autonomias.net.

domingo, 11 de enero de 2015

Sobre el expolio de las tierras comunales


El pasado 31 de diciembre entró en vigor la “Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local” más conocida como Ley Montoro, lejos de explicar concienzudamente la ley, vamos a intentar dar voz a quienes se ven afectados/as por ella.

Las principales campañas de oposición surgen de territorios donde la presencia de recursos comunales es importante y su gestión está bien organizada. Hablamos de pueblos donde los/as habitantes se organizan en concejos o juntas vecinales, constituyendo estructuras de autogobierno al margen de la administración para la gestión de recursos. La toma de decisiones es horizontal y son los propios/as vecinos/as quienes tiran del carro para sacar adelante sus propuestas.

La Ley Montoro exigirá a estos concejos la entrega de documentación para rendir cuentas por los últimos cinco años, papeleo que les será difícil conseguir teniendo en cuenta que hasta ahora no tenían órganos de gestión tributaria. En el documental “Stop al expolio de los bienes comunales” cuentan cómo construyeron con sus propias manos la consulta médica en su tiempo libre y con recursos propios, proceso complicado de cuantificar y que sin embargo a nivel cualitativo supone una gran diferencia para la gente del pueblo, que tiene acceso a la atención primaria sanitaria una vez a la semana. 

Quienes no hayan presentado esta documentación antes del 31 de diciembre perderán la capacidad jurídica de gestión de sus bienes comunales, disolviendo los concejos y juntas vecinales y ¡oh, sorpresa! expoliando el territorio comunal del que se ocupaban. 

Esto repercutirá sobre los habitantes y los pueblos de varias maneras: por un lado, ahora resulta relativamente barato utilizar esas tierras que son de todos/as, pero cuando la gestión pase a manos de la administración lo esperado es que la saquen a concurso y/o la alquilen al mejor postor, creando una competencia por el recurso que supondrá un aumento de su precio que las entidades económicas menores no podrán alcanzar, favoreciendo, como siempre, a las grandes empresas.

Siguiendo el mismo hilo, si la gente de la zona no tiene acceso a los recursos que garantizan su supervivencia se producirá un nuevo éxodo hacia las ciudades y los núcleos poblacionales pequeños continuarán el proceso de reducción y desaparición al que ya se enfrentan. Es una política de exclusión y expulsión de los habitantes de estas zonas. 

Con la excusa de la crisis y como viene siendo habitual, los procesos de privatización no dejan de sucederse siguiendo la lógica neoliberal: obviando lo pequeño, banalizando los bienes y recursos naturales y buscando el máximo beneficio y la rentabilidad. 

Es entonces cuando empieza la resistencia, en el ejemplo del documental anteriormente citado se trata de las Plataformas Rurales, alianza para defender los pueblos y fomentar el retorno al medio rural. Desde aquí denuncian el abandono al que las administraciones someten a las zonas rurales alegando que, a la hora de otorgar un presupuesto a una zona, se hace la cuenta calculando el coste por persona que la obra requeriría, cuenta, por supuesto, demasiado alta debido a la reducida población. Como si de una pescadilla que se muerde la cola se tratase: no se invierte porque no hay suficiente gente, y la gente busca un lugar mejor donde vivir, aumentando la despoblación. 

Y lo cierto es que la despoblación favorece en cierta manera al poder, pues formas de autogobierno y autogestión sobre los recursos y de emancipación en los pueblos, sumados a la relativa autonomía económica que te permite el tener acceso a recursos naturales necesarios para la vida (madera, setas, verdura, etc.), hacen al individuo autónomo, crean micro-sociedades que pueden vivir relativamente al margen de Estado. 

Con la desaparición de las instituciones rurales y la privatización de los recursos que gestionaban, con la reducción del número de ayuntamientos y esa tendencia hacia la centralización, la gente se desliga de la política del pueblo y delega en entidades cada vez más alejadas de las necesidades de la zona, potenciando el abandono de los pueblos, tanto por parte de las administraciones centradas en lo rentable, como de las personas que valoran que su calidad de vida en dichos pueblos no es suficiente por la falta de servicios como sanidad, transporte o colegios. 

El papel que juegan los territorios comunales es, además de vital para sus habitantes, social, en tanto en cuanto ayuda a los pueblos a captar a personas que podrían comenzar una actividad en el medio rural. Estos territorios son el sustento de familias que los necesitan, favoreciendo además una cultura de la protección de la naturaleza poco habitual hoy en día, donde prima la necesidad de conservar el entorno para las generaciones futuras. 

Sin embargo el mundo en que vivimos sigue abogando por la rentabilidad y los beneficios, por un sector servicios que no genera riqueza nada más que a los dueños de las empresas, pues se alimenta de trabajadores/as explotados/as que solo pueden vivir de un salario y que están cada vez más alejados y despreocupados del medio ambiente que es, ha sido y será el sostén de la vida en la Tierra. 

Expolio de tierras en Navarra 

 Durante septiembre y octubre de este año, algunos periódicos, como eldiario.es, se veían salpicados semanalmente con breves noticias sobre “desafectaciones de terrenos comunales”, en muchos de ellos se comentaba qué uso se les iba a dar a cambio del canon anual que pagaban por la cesión de varios años: en todos los casos descritos se iban a construir infraestructuras o industrias grandes, favoreciendo el monopolio que algunas empresas poseen sobre según qué recursos. Negocios privados cuya función principal deja de ser repercutir de forma positiva sobre los habitantes de una zona para ser rentable, es decir, para enriquecer solo a unos pocos y al ayuntamiento que lo alquila o vende. 

A ría non se vende 

A ría non se vende es el nombre bajo el que se ha agrupado la movilización contra la construcción de un centro comercial en tierras comunales en El Cabral, Vigo. El plan del centro comercial se impulsó sin transparencia con los vecinos/as, que se vieron sorprendidos/as por la información y sin tiempo para analizarla. Los puntos fuertes de la oposición tocan lo comentado en este texto sobre el uso y beneficio de las tierras sobre los/as vecinos, la conservación de los bosques, el pelotazo urbanístico generado y la competencia desleal a la que un centro comercial somete a pequeños productores y comerciantes. 

La campaña Stop expolio por las tierras comunales 

Autores del documental que nos ha servido de inspiración, cuentan en su web www.stopexpolio.com, cómo afectará la Ley Montoro a los territorios de Castilla y León, ricos en tierras comunales. Se ofrecen a ayudar a las juntas de vecinos que tienen que entregar las cuentas, asesorándoles y están promoviendo una gran campaña de difusión sobre el tema. Su documental se puede ver en su web: www.stopexpolio.com/documental

domingo, 16 de noviembre de 2014

El negocio oculto de las cárceles españolas


(Sillas en un patio de la cárcel de Villabona. El Corte Inglés es el gran suministrador de material a las prisiones, donde tiene mano de obra muy barata. Foto / Mario Rojas.)
Grandes empresas, como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, y muchos Ayuntamientos, se benefician del trabajo, apenas remunerado, de miles de presos de las cárceles españolas. También la familia Pujol-Ferrusola, que tiene tras las rejas otro de sus oscuros negocios.

Fernando Romero / Periodista.

El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este mismo número la abogada Charo González.

El negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión. Los medios de masas casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo la información a la superficie.

El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres. A ellos hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por libre. Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los convenios con la OATPP.

El número de reclusos “trabajadores” aumenta año a año y se ha multiplicado por tres en tan solo una década. En teoría estos organismos que contratan presos para el exterior hablan de “programas de reinserción”, aunque lo cierto es que se ha convertido en un negocio lucrativo para muchas empresas. En la  memoria de Instituciones Penitenciarias de 2012 se mencionan unos beneficios en todo el Estado de cinco millones de euros (con ventas de 162 millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones: un total de 12.217, de los cuales 3.119 producían para empresas privadas.

Cien empresas, quinientos clientes

Amadeu Casellas estuvo preso en las cárceles españolas durante más de veinticinco años y acaba de publicar el libro Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia, en el que denuncia con nombres y apellidos a los que se enriquecen con los reclusos. Entre ellos están la familia Pujol-Ferrusola, Telefónica, El Corte Inglés, ACS, el Banco Santander y Ayuntamientos de toda España, pero hay muchos más.

El más llamativo es el de la familia Pujol-Ferrusola, porque entre sus negocios también está este penitenciario, aunque no ha salido a la luz tras destaparse el escándalo sobre las actividades de la saga. Marta Ferrusola, esposa del ex presidente Jordi Pujol, estuvo en la directiva del CIRE a finales de la década de los noventa, aunque nunca se la veía por su despacho. El ex recluso Amadeu Casellas la denunció en su día sin éxito ante la Fiscalía porque decía que cobraba un “sueldazo” sin acudir a su puesto de trabajo. Por otro lado está la empresa Servivending, que suministraba productos y máquinas expendedoras al CIRE y que al parecer fue puesta en marcha por uno de los hijos de Jordi Pujol, aunque actualmente solo aparece como administrador único Manuel Antolín Aznar.

Según fuentes que investigaron al CIRE, la familia Pujol estuvo desde el principio en esta entidad. Se les conoce también un negocio de flores dependiente de esta institución. Estas iniciativas pronto pasaron a otras manos porque, según las citadas fuentes, “los Pujol ponían en marcha el negocio y luego lo vendían”.

El Corte Inglés se enriquece con los presos por partida doble. Por un lado los tiene trabajando para sus tiendas en unas condiciones precarias y por otro lado son luego los propios reclusos los que adquieren esos productos. La multinacional de Isidoro Álvarez suministra sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, sillas, ropa para penados y funcionarios, mantas, colchas y hasta los lotes higiénicos. Y son los presos los que están fabricando todo el material textil con sueldos que no pasan de 200 euros al mes. También Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros por ocho horas de trabajo.

Otras muchas empresas y sectores se nutren de la mano de obra barata de las cárceles. Por ejemplo, el de fabricación de automóviles. En las cárceles se fabrican los salpicaderos de Seat, Volvo y Renault. También se producen las pastillas de frenos de casas muy conocidas como Jurid. En Lleida los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica la empresa Manuart.

Otro de los que saca tajada del negocio de las cárceles es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de su empresa ACS. Construye las cárceles y después cobra el alquiler, como es el caso de Brians 2, la prisión de Manresa, la de Figueras, la de Tarragona y muchas más por todo el territorio español. Por cada una de ellas, dice Casellas en su libro, “cobra al mes más de un millón de euros”. Florentino Pérez fue uno de los constructores que se benefició del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios que supuso la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias en el periodo 2006-2012, con una inversión de 1.647,20 millones de euros, además de otros 1.504 millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros. Otras empresas que también se han beneficiado son COMSA y Ferrovial. De la primera, su consejero delegado es Josep Miarnau, mientras que Ferrovial está presidida por Rafael del Pino Calvo-Sotelo. También participan del reparto del pastel FCC, grupo de empresas de las hermanas Koplovitz.

Otros productos que hacen los presos son los mosquetones para practicar la escalada y el rápel. También hay trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección industrial o cultivo en invernadero, a los que hay que añadir las tareas para las propias prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento, jardinería y lavandería.

Telefónica hace también negocio a costa de los presos, pues mantiene una situación de monopolio. Ello es posible porque todos los reclusos deben comprar obligatoriamente las tarjetas de Telefónica para llamar a su familia, amigos, abogados, etc. Cada tarjeta cuesta un mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil si llaman dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste de la llamada se dispara. Los presos pueden llamar cinco veces a la semana con un coste mínimo de 10 euros semanales por preso. Como en España son más de 60.000, calcúlense los beneficios.

En Euskadi los presos trabajan para Eroski y Citroën. En Cataluña el Grupo Codorniu tiene a condenados trabajando para bodegas de Lleida. Otras empresas que utilizan la mano de obra barata de los presos son Saveco, Valeo (automóviles) y Asimelec (electrónica y comunicación).

Además OATPP tiene contratos con Ayuntamientos de toda España y todo signo político. Las Cámaras de Comercio de muchas provincias firman convenios con esta entidad. También tiene convenio con las cárceles la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB).

Se calcula que más de 100 empresas y 500 clientes particulares contratan presos, aunque la cifra real es difícil de conocer ya que los datos no se hacen públicos y no aparecen en el BOE. En este sentido hay que mencionar al blog en apoyo a los presos, Punto de Fuga, que está haciendo un meticuloso trabajo de investigación sobre estas empresas.

Las denuncias sobre explotación de presos empiezan a ser cada vez más numerosas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía informó recientemente de que unos 12.000 reclusos están empleados en la cárcel con sueldos de hasta 0,5 euros a la hora y entre 80 y 300 euros al mes. Señalan que la vulneración de derechos laborales de los presidiarios es “un problema casi desconocido” que niega horas extra o vacaciones y “aporta un subsidio de desempleo máximo de 100 euros”.

Otras fuentes coinciden en que los presos empleados no tienen pagas extraordinarias, horas extra o vacaciones ni por supuesto posibilidad de denunciar su situación a través de los sindicatos, porque éstos están ausentes de las cárceles.  Al obtener la libertad, por haber cotizado, no disfrutan del subsidio de excarcelación –426 euros, hasta en 18 meses– sino de la prestación por desempleo que apenas llega a los 100 euros, por lo que muchos internos prefieren no trabajar. Los salarios, según estos informadores, oscilan entre los 120 a los 150 euros al mes, con horarios de 8 horas diarias, cinco días a la semana.

El Banco Santander hace caja

Valentín Matilla González es un ex recluso que estuvo tres años en Villabona (Asturias) y fue excarcelado en noviembre de 2013. Corrobora lo que publica Casellas: “Hay negocios en todas las cárceles, pero solo algunas se consideran ‘productivas’, porque fabrican para empresas”. No es el caso de la prisión de Villabona, pero sí, por ejemplo, de la del Dueso (Cantabria), “a la que todos quieren ir porque trabaja con muchas subcontratas y hay mucha indigencia. Para que te trasladen tienes que portarte bien y por supuesto hay tráfico de influencias”.

Habla de El Corte Inglés, el suministrador “oficial” de los objetos de consumo de los presos: “Si un interno quiere tener una televisión, no puede ir al mercado libre, sino que tiene que comprarla en El Corte Inglés”. El sistema es el siguiente: aparece por las cárceles cada 15 días lo que los internos llaman “el demandadero”, que recoge las necesidades de productos y objetos de los reclusos. Luego acude a El Corte Inglés a por ellos.

También el Banco Santander se beneficia de una situación de monopolio porque los presos solo pueden tener sus ahorros en la entidad de Botín. Incluso, si se mandan transferencias, tienen que ser a través de este banco.
Los presos gastan e ingresan a través de una tarjeta vinculada al Santander. Pueden ingresar un máximo semanal de 100 euros, lo que ocurre habitualmente los miércoles. Si, por ejemplo, el ingreso se hace un jueves, hasta el siguiente miércoles no se cobra, “así que imagínate qué negocio hace el Santander con el dinero de todos los presos de España durante los días que no pueden hacer uso de él”.

Matilla conoció a muchos presos que venían de otras cárceles españolas y le contaron los negocios de cada localidad. Pone el caso de Alcalá-Meco, en el que un director trasladó la panadería de la prisión al exterior para aumentar el negocio.

En el Centro de Integración Social (CIS) de Villabona se preparan los destinos remunerados para algunos internos. Por ejemplo, para el sector  de limpiezas, en el que la remuneración es de 150 euros mensuales. En la cocina las condiciones laborales “son un escándalo”, según Matilla, en referencia a las largas jornadas y la escasa remuneración. Luego están los cursos de jardinería remunerados que se realizan a través de convenios entre instituciones penitenciarias y muchos Ayuntamientos españoles. Los presos aseguran que no existen tales cursos, sino que son enviados a trabajar igual que los empleados municipales, cobrando unos 300 euros mensuales con la misma jornada laboral que sus compañeros; además, aseguran, tienen que pagarse el transporte.

El Ayuntamiento de Langreo fue el primero de Asturias que firmó un convenio con la prisión de Villabona a través del CIS. En teoría los reclusos trabajan en un taller de formación para aprender un oficio y luego reinsertarse en la vida laboral. Lo cierto es que no es así. Son peones utilizados (sin recibir ninguna formación) en las tareas de jardinería del Ayuntamiento. No está con ellos ningún monitor o formador sino que son grupos de 3-4 personas acompañados de un empleado municipal que les indica la tarea a realizar.

Los presos con los que contactó esta revista aseguran que para este tipo de trabajos no se hacen nóminas sino que “te dan un papel de mala manera”. En Villabona, dice Matilla, los destinos remunerados “los maneja un tipo, la mano derecha del director de seguridad, que por supuesto funciona por medio del tráfico de influencias, con sus chivatillos y una cola de gente esperando para que les reciba y les de un trabajillo”.

Antiguamente había economatos que ahora han pasado a denominarse “boutiques”. Este cambio de nombre ha supuesto simplemente un aumento de precios de los productos que se venden.

Funcionarios a cuerpo de rey

Pero no son solo los empresarios los que sacan tajada de los presos. También se benefician muchos funcionarios de prisiones, que utilizan entidades públicas, como el CIS o el CIRE, desde las cuales se mueven todos estos negocios, muchas veces camuflados como talleres de formación, y cuya filosofía empresarial no es por supuesto explotar a los presos sino “integrarles en el mundo laboral”.
Según Casellas los empleados del CIRE “viven a cuerpo de rey y son parte del entramado que explota a los presos”. ATLÁNTICA XXII intentó ponerse al habla con Instituciones Penitenciarias para preguntar sobre estas denuncias, aunque indicaron que por “vacaciones” nadie podía atender a la llamada de la revista. Lo mismo ocurrió con otro de los organismos denunciados por Casellas en su libro, el CIRE. Su directora, Elisabeth Abad i Giralt, eludió contestar a las preguntas de esta revista, aunque desde  el gabinete de prensa mandaron un mensaje en el que afirmaban que el CIRE tiene un objeto más social que económico y que “es una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que se ocupa de la reinserción de las personas privadas de libertad, mediante la formación en oficios y el trabajo penitenciario”.

            

 PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 34, SEPTIEMBRE DE 2014

jueves, 17 de julio de 2014

Marca españa: 166 muertes en prisión, denuncias por torturas, tráfico de drogas en las cárceles… y una ley para que no luchemos

El estado español tortura y asesina, ninguna novedad, sólo varían determinadas cifras entre año y año. Pero siempre, entre los estados líderes de la unión europea en gente encerrada.  Oficialmente, 66.995 personas presas al final del 2.013. Un 13,8 por ciento de personas en prisión preventiva.

Sorprendentemente, la fuente de la noticia de hoy es el último informe del defensor del pueblo, que lo podéis leer enterito a través de este enlace. La condesa pepera Soledad Becerril lo presentó hace unos meses. El estado le paga una fortuna para ello.

El 92,38% de las personas presas según el informe eran hombres, el 7,62% eran mujeres. La condesa pepera (no ignoremos que el p.p. no condenó nunca el franquismo; claro, eso no es terrorismo…) reconoce que en 2012 la “tasa de mortalidad” en las cárceles del criminal estado español fue superior a la de 2011 y se situó en 2,78 muertes por cada 1.000 personas presas. 166 personas presas “murieron” en los centros de exterminio del estado… oficialmente. Ahí no se cuentan seguramente la gente a la que sacan y muere a los pocos días…

Se supone que el tráfico de drogas es ilegal, hasta para los aforados. Se supone que las cárceles están totalmente vigiladas, con cámaras y todo, que son de “máxima seguridad” y que en ellas hay carceler@s (que por supuesto no venden drogas… ni hay ninguno preso por ese hecho, claro)… en 2012, 31 “muertes” por sobredosis de drogas. Un 18,7% del total de fallecimientos y la segunda causa tras la “muerte natural por causas distintas del VIH”, en la que se agrupa el 57,8% de los fallecimientos habidos. La diferencia entre la tasa de muertes “por causa natural”entre las prisiones y la calle es abismal, sospechosamente.
 
Al sida se atribuyen, en cambio, el 5,4% de las “muertes” del total. La tercera causa de  “fallecimiento” en prisión es el “suicidio”, 25 casos, el 15,1% de los fallecimientos. La edad media de quienes no salían con vida tras estar entre rejas en 2012 se situó en 46,5 años, frente a los 45,6 de 2011… todo esto nos contaba la prensa burguesa hace unos meses.
 
541 quejas desde prisión recibió la condesa; 49 actuaciones de oficio en esta materia, diez más que el año anterior; se matan a currar los parásitos. El resto de quejas, a la basura.

Y sobre la ley que han aprobado, os recomendamos leáis esto.

La lucha es el único camino… y va a ser dura la lucha para que estas leyes fascistas y l@s mercenari@s que las aplican no nos afecten. Y será casi imposible que l@s periodistas al servicio de su amo no nos criminalicen; se vive mejor lamiendo los genitales de quien manda y no teniendo ninguna clase de ideal más que el dinero. Pero como no tenemos miedo, ninguna ley debería pararnos. Siempre estuvo clara la solución: Revolución. Y aplicar una fórmula para la cual no hay que ser licenciad@ en matemáticas: Muerte al estado, y viva la anarquía. Y que esto no se quede sólo en palabras, ni en pantallas de ordenador.


sábado, 31 de mayo de 2014

Pepe Ribas: "La policía introdujo la heroína para acabar con los ateneos libertarios"

 
 
El fundador de Ajoblanco reivindica el legado de la transgresora revista que, desde Barcelona, pretendió cambiar a la sociedad española mediante la cultura libertaria. 
 
Barcelona era un mundo ajeno al país. Al menos, aquellas Ramblas donde se cruzaban editores independientes, jueces de la nova cançó, seres del underground, antifranquistas de toda ralea y escritores suramericanos que hicieron boom. En ese caldo de cultivo para que el ansia de libertad y justicia social tomase forma, no lejos de allí, en un modesto piso de la calle Aribau, se gestó una revista con la que miles de españoles se sacudirían los tabúes y la carcunda durante el tardofranquismo y la transición. Frente al clima asfixiante y represivo de Madrid, capital de la una, grande y libre, la urbe catalana respiraba cierto vacío de poder que alentó toda clase de manifestaciones de carácter alternativo y contestatario, incluida la prensa contracultural. Se llamaba Ajoblanco.

Pepe Ribas estudiaba Derecho y se sentía entre la espada del autoritarismo y las consignas políticas de las paredes de la Facultad. "Estaba tomada por la extrema izquierda, que era bastante dogmática", recuerda cuarenta años después del nacimiento de la revista. "En las asambleas copaban el poder y no te dejaban hablar". Los malditos como él, confinados en un rincón, decidieron forrar los muros de la Universidad con poesías, mientras afuera se corrían los cien metros grises. Fue la primera acción de una pandilla de libertarios que decidió fundar una publicación transgresora cuando el verano de 1973 echaba el candado.

Flora, "la mujer de un torero sin suerte", sirvió a los jovenzuelos del grupo poético Nabucco una sopa fría de almendras antes de que Ribas anunciase su intención de lanzar una cabecera alejada de los círculos universitarios. "Me miraron como si estuviese loco, pero era necesario romper el monopolio cultural imperante y aportar nueva energía". Esa misma noche recibiría el bautismo con el derramamiento del blancuzco líquido bendito que la dueña malagueña del restaurante Putxet les había servido. De ahí el nombre de pila, Ajoblanco, que pronto vería la luz en un contexto de lucha obrera, movimiento estudiantil, efervescencia cultural y rechazo a lo establecido, justo un año antes de la muerte de Franco.

La cuestión era dar un paso adelante, pero no de la mano de los partidos de la izquierda ortodoxa, de los que renegaba. "No sabíamos bien si éramos ácratas, porque no había libros donde leer qué era la acracia", rememora Ribas, entonces un libertario divino de familia burguesa con ganas de experimentar, de encontrar una voz propia y de difundirla por todos los pliegues del país "mediante una red de activistas que conectaba a profesores de instituto con universitarios, jóvenes obreros, responsables de teatros alternativos, organizadores de conciertos y libreros progresistas". Así describió en su libro Los '70 a destajo (RBA) la distribución paralela y de tapadillo de la publicación, cuyos temas, secciones y especiales nada tenían que ver con los de la prensa convencional: antipsiquiatría, anarquismo, ecología, sexualidad, cooperativismo, energías libres, naturismo, homosexualidad, educación antiautoritaria, urbanismo sostenible, presos...

"Lo bueno fue que no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo y actuábamos de forma grotesca. Era un tiempo en el que no tenías miedo al otro", afirma el fundador de Ajoblanco, que ayer inauguró una exposición en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid que rinde homenaje a la cabecera, cuya primera época llegó a su fin en 1980 por cansancio, tras dejar hechos los deberes: no transformó el mundo conocido, pero explicó cuáles eran las herramientas para intentarlo. "Pensamos que podíamos hacer la revolución y cambiar España. Al menos fue una válvula de escape para los jóvenes sometidos", confiesa durante una charla en el salón de actos del antiguo cuartel madrileño, pues la muestra, además de recuperar su legado, viene acompañada de debates que pretenden "revitalizar" la sociedad contemporánea.

Habla en plural porque fue una revista colectiva, ácrata, asamblearia y, por tanto, con una redacción no jerarquizada. Algunos de sus miembros están presentes entre el público, como Toni Puig y Fernando Mir, integrantes junto al propio Ribas del triunvirato embrionario. También se acercó a escucharlo Karmele Marchante, que completaba un equipo formado por Luis Racionero, Nuria Amat, Quim Monzó o Jordi Alemany. Un dream team al que se sumarían, como colaboradores, centenares de firmas emergentes (Casavella, Gopegui, Rivas, Grandes, Muñoz Molina) y consagradas (Sampedro, García Calvo, Trías, Aranguren, Vázquez Montalbán, Gimferrer), que a su vez entrevistarían a propios (Escohotado, Barceló, Goytisolo, Reixa, Vila-Matas) y extraños (Kapuściński, Cohen, Galeano, Tarantino, Cronenberg).

Si bailan los nombres y las fechas es porque Ajoblanco renacería de sus cenizas en 1987. Frente a una primera época más política, en la que promovía un cambio social a través de la doctrina libertaria, la segunda fue más cultural, aunque no dejó de combatir al PSOE y a CiU, enrocados en los gobiernos español y catalán. La estética fanzinerosa también cedió el testigo a una maqueta acorde a los nuevos tiempos, que pasaban por la profesionalización, la apertura a Latinoamérica y la reconversión "a la modernidad", como subrayó a finales de los ochenta el propio Ribas. Atrás quedaba la contracultura estadounidense, que ya había sido sustituida en la primera tentativa por el anarquismo ibérico tras el cierre temporal de cuatro meses impuesto por el Gobierno en 1976 por atentar contra las Fallas de Valencia.

"Nos fuimos a Menorca, donde vivíamos varios en una casa pequeña. Hasta allí llegó un libro sobre Durruti, que rompimos en varias partes para poder leerlo todos a la vez. ¿Para qué mirar hacia Estados Unidos si tenemos nuestro movimiento español de principios de siglo?", se preguntó la comuna, que de regreso a Barcelona organizaría las Jornadas Libertarias. Sin embargo, el apogeo de los ateneos no duraría mucho. "Estaban sustituyendo a las asociaciones vecinales, cuyos líderes pensaban en meterse en los ayuntamientos, pero entonces apareció la heroína, que fue introducida por la guardia urbana para acabar con ellos y diezmó a una generación", asegura Ribas. Luego llegó 1978, "el año del desastre", cuando "la Constitución lo domestica todo" y se intensifica la infiltración policial y la criminalización del anarquismo, cuyo culmen es el caso Scala, del que sale malparada la CNT.

"Fue un momento de decepción, desengaño y olvido", recuerda Ribas, quien afrontaría una larga travesía en el desierto de Madrid y Londres. A su vuelta de Inglaterra, el encuentro con el fotógrafo Jordi Esteva propicia una investigación sobre la explotación laboral en el barrio chino. En vez de ofrecer el reportaje a un periódico, se plantean resucitar al muerto y publicarlo en su propia revista. El ajo volvía a picar y a repetir. "Vivíamos en una falsa democracia", opina el impulsor de la cabecera, que decidió desempolvarla para desenmascar al nuevo régimen en sus páginas. El monopolio de las grandes distribuidoras, según él, la llevaría a una crisis financiera que desembocaría en su compra por la editora del diario El Mundo, hasta su cierre definitivo en 1999. Mientras desanda los pasos hasta aquellos días, un asistente al acto lanza un S.O.S. desde la platea para que vuelva a los quioscos. "Ahora es muy difícil hacer un Ajoblanco. En este país hay un problema cultural y todo está en manos de la mafia [mediática y financiera]", responde.

Otro espontáneo da en el clavo con su lamento: "Lástima que sólo estemos aquí la gerontocracia". Cierto: la media de edad es muy alta, apenas hay jóvenes y buena parte del público es coetáneo de los fundadores del mensual, que ha pasado de encarnar a la disidencia a convertirse en un paradójico y domesticado objeto de museo. Alguien, finalmente, sugiere el soporte digital como posible remolcador de una publicación perdida en el océano de las hemerotecas. Ribas, que en el pasado había lanzado algún sutil mensaje en una botella sobre el hipotético regreso, discrepa: "Internet nos ayuda, pero estoy seguro de que a través de las redes no vamos a hacer la revolución".

miércoles, 2 de abril de 2014

Reflexiones sobre la violencia y la memoria

Resulta complicado iniciar un análisis de las movilizaciones más recientes sin dejarse llevar demasiado por la efusividad o la exasperación, desbordados a veces por acontecimientos, noticias y declaraciones de todo tipo. A pesar de ello, un intento analítico, con pretensiones de ser más útil en un plazo más amplio, exige a menudo una cierta recapacitación y frialdad a la hora de reflexionar sobre ello.

Y de nuevo salen a la palestra viejos debates y nuevas revisiones, que han rondado las movilizaciones obreras y populares durante décadas, sobre conceptos como violencia, organización, manipulación o memoria. Resulta incluso incomodo reconocer que estas discusiones se plantean casi de forma cíclica, como si las conclusiones sacadas en cada momento terminaran por olvidarse para volver a empezar de cero una vez más. Ya en 1908, el filosofo francés Georges Sorel, 1847-1922, especulaba en su obra “Reflexiones sobre la violencia”, sobre la diferencia entre la fuerza, entendida como los medios con que un Estado cuenta para coaccionar, controlar y someter a la legalidad a una sociedad, y la violencia, refiriéndose a los mecanismos que el proletariado tiene para contrarrestar y protegerse de esa “fuerza” burguesa y en última instancia derrotarla. En particular, incluso, Sorel pondría especial relevancia en el concepto de Huelga General, al que consideraba principal medio legítimo de la masa obrera para derrocar a ese régimen burgués, a la que interpretaba, por tanto, como una autentica acción de guerra imposible de desprenderse de lícita violencia proletaria. Después de más de un siglo, Sorel también atino casi de forma profética a la hora de referirse al parlamentarismo, en general, y al socialismo moderado, en particular, como medios para la domesticación de la clase obrera, aliados con la burguesía para el mantenimiento de una paz social protegida por la fuerza y prolongada mediante pequeñas concesiones.

Con lo que sin duda no contaba Sorel era con una de las armas más eficaces que el sistema ha perfeccionado hasta límites insospechados a día de hoy: la retórica. Es decir, la creación de un convincente discurso, amañado y manipulado, en el que un léxico y un enfoque perfectamente premeditado cumple un objetivo explícito: diferenciar, premiar o castigar determinados comportamientos. No es nada nuevo el que dependiendo de su actitud más o menos aceptable, de repente un manifestante, un parado, un estudiante… deja de serlo para convertirse en un violento o un radical. Por eso, se hace indispensable que un análisis ajeno al institucional cree su propio lenguaje y su propia interpretación más allá del impuesto como visible y posible por el poder. Resulta inquietante el calado que el discurso sobre la violencia, impuesto con un claro carácter tendencioso con el fin de señalar y dividir, sea también utilizado o incluso asumido por organizaciones o individuos próximos a las movilizaciones, haciendo un peligroso juego cómplice a las intenciones de quienes quieren que todo siga igual.

RADICAL:  adj. Perteneciente o relativo a la raíz. adj. Partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático. adj. Fundamental, de raíz. adj. Tajante, intransigente.

Resulta cuanto menos curioso que se reinterprete y se acepte el discurso de la violencia por parte del Estado de una forma tan extremadamente partidista. No se trata en sí mismo de un discurso pacifista sino de la totalización e institucionalización de esa violencia. Es decir, en ningún momento se habla de eliminar la violencia de una sociedad sino de demostrar que esta sólo puede ser utilizada de forma lícita por el propio Estado. Es en definitiva un discurso más relacionado con el sometimiento, la obediencia, el acatamiento y la sumisión que con el entendimiento y el dialogo. 

Las agresiones sufridas por la clase trabajadora desde que comenzó eso que nos han dicho que se llama crisis, las pérdidas de trabajos, de hogares, las condenas masivas a la pobreza, las pretensiones de regular nuestra propia salud, de interferir incluso en nuestros propios cuerpos… alimentadas con sangrantes declaraciones y ofensas, con políticas protectivistas del mercado, la economía y la banca… se han unido a las agresiones directas y físicas de los cuerpos policiales contra prácticamente todo aquello que se mueva, ya fueran ancianos protestando por la estafa inmobiliaria, o pescadores pidiendo pan y trabajo en Galicia, por señalar algunas de las últimas intervenciones. Tan sólo hay que tirar de hemeroteca para ver centenares de personas golpeadas, detenidas arbitrariamente, que han perdido ojos, testículos… No parece esta situación la más adecuada para dar lecciones de moral o ética. Lo ocurrido durante las movilizaciones de las Marchas de la Dignidad en el centro de Madrid, al fin y al cabo, no parece más que una respuesta lógica, un “hasta aquí hemos llegado”, a las prepotentes agresiones a las que la clase obrera se ha visto sometida en los últimos años. Se trata, por tanto, de un efectivo cabreo, de una situación llevada al límite transformada en indignación, pero sobre todo en una concienciación por parte de buena parte de la sociedad de que esto es, ha sido, y será un conflicto de clase. Sin duda, choca que, a diferencia de otros lugares o países donde las movilizaciones más contundentes han sido recibidas con orgullo por el propio pueblo, como una forma de demostrar su unidad y su disposición a no dejarse amedrentar más, el discurso pacificador, más que pacifista, cale no sólo entre los sectores más reformistas, sino también entre la gente que se dice a sí misma estar más cabreada con la situación.

A diferencia del tratamiento distinto que en ocasiones la prensa suele dar a este tipo de noticias según su procedencia progre o conservadora, en éste caso el contubernio mediático alrededor de la noticia ha sido unánime. Este discurso sobre la violencia y los violentos, sobre otro de esos grandes eufemismos utilizados en democracia como es la seguridad, resulta sospechosamente conveniente justo en el momento en el que la elaboración de una nueva ley sobre seguridad ciudadana, una de las más represivas de las últimas décadas, ha sido cuestionada en distintas ocasiones. Por tanto, todo lo ocurrido y su tratamiento, no deja de ser un episodio más en la oleada represiva que el movimiento más comprometido lleva sufriendo desde hace tiempo: detenciones masivas, investigaciones, asaltos a centros sociales, montajes judiciales y policiales… Una represión con carácter preventivo en muchas ocasiones, que necesita sin duda de un clima de alarma que la justifique, labor en la que los medios de comunicación se hacen indispensables. 

A todo ello se une la sorpréndete actitud de los cuerpos policiales tras la apabullante respuesta del pueblo a su enésimo intento de agresión. El hecho de que 1600 esbirros fuertemente armados con material antidisturbio y con plena aceptación de la deshumanización que su uniforme supone, fueran, por decirlo de una manera suave y entendible, derrotados, ha hecho aflorar aflicción y congoja entre quienes asumen con absoluta frialdad golpear a pobres y desdichados. En su situación les resulta comprensible protestar, incluso cortando la calle de forma ilegal, algo para lo que precisamente ellos cobran por impedir a final de mes. La actitud de los últimos días, algo llorica, no parece demasiado digna comparada con la extrema prepotencia y despotismo con la que suelen tratar al ciudadano.

A lo largo del mismo fin de semana, otro acontecimiento, también providencial, una vez más, consiguió dejar las movilizaciones en un segundo plano. El fallecimiento del antiguo presidente del gobierno Adolfo Suarez. Viene a colación precisamente en este texto porque hemos vivido en directo un maravilloso ejercicio de manipulación histórica y periodística. No ya tanto por el hecho de que algunos miles de personas se hayan unido a la élite política, económica y militar de este país en su homenaje, sino porque a diferencia de los cientos de miles de las movilizaciones que se sucedían a la par, éstos sí que parece ser representan a todo el pueblo español de forma masiva. La manipulación histórica cuenta con un ferviente aliado en la falta de memoria de una buen aparte del pueblo. De esta forma, que conveniente, resulta que manifestaciones, movilizaciones obreras, detenidos, presos, torturados, muertos en protestas a manos de la policía… no significaron nada en la conquista de las libertades sino que fue el Sr. Suarez quien, como un papa Noel moderno, nos regaló de buen grado toda nuestra felicidad. La misma persona responsable entre el 69 y el 73 de la manipulación informativa, del silencio de la represión franquista de cara a un lavado interno y externo de la imagen, como Director General de TVE, miembro de Falange durante toda su vida, ocupando su máximo cargo como Ministro del Movimiento, lo que es lo mismo lugarteniente de Franco en Falange,  y que colocó desde el primer momento en su gobierno a todos los elementos reciclados del franquismo que pudo colar. La Transición y los Pactos de la Moncloa, esa ley de punto final encubierta, no trajeron las libertades, sino que introdujeron mejoras en la sociedad para apaciguar las extremas protestas que el pueblo protagonizaba en esos años y que en cualquier momento parecía podían reventar este sistema. Libertades conquistadas, por cierto, en movilizaciones y manifestaciones que hoy se calificarían como violentas y protagonizadas por lo que hoy hipócritamente llamarían radicales, pero claro, eso eran otros tiempos, ¿no?. Alguien debería recordar en algún momento que durante el mandato como presidente del Sr. Suarez murieron más de 50 personas a manos de la policía en manifestaciones y protestas y otras 8 lo hicieron en los calabozos de una comisaria o la celda de  una prisión. O que en su primer año de mandato la policía cargo en casi 800 ocasiones contra manifestantes. Suarez y su cuadrilla de, ahora, nuevos demócratas, de la mano del sanguinario Martín Villa, su mano derecha, gestionaron de forma hábil las cloacas de la lucha contra el movimiento obrero más activo, contra el avance libertario, recordemos el montaje del caso Scala, y la lucha antiterrorista que servirían de base para los posteriores años de felipismo y eso que se conoció como guerra sucia. El último héroe nacional ha muerto, como dijo el periodista derechista, y antiguo redactor del diario franquista Arriba Fernando Ónega.

“Francisco Franco es uno de los grandes hitos de la Historia de España. Gracias a él y a su profunda obra constituyente, nuestro país cuenta hoy con un Estado moderno que no se cierra sobre sí mismo, sino que se proyecta sobre el mañana.
Jamás nadie logró crear las condiciones básicas de partida que Franco, identificado con su pueblo, supo levantar. El paso de los siglos no borrará el eco de su nombre. Con él, logró España ser Una, Grande y Libre. No se puede menospreciar la gigantesca obra de ese español irrepetible al que siempre deberemos homenaje de gratitud, que se llamaba Francisco Franco. Su obra perdurará a través de las generaciones”
                                                                              Adolfo Suárez. 20 de Noviembre de 1.975.


Una tercera España, por aquello de las dos Españas que se decía antiguamente, vivió ese fin de semana pendiente del enésimo partido del siglo entre Real Madrid y Barcelona. La representación de esa gran masa adormecida, despolitizada, pobremente entretenida y cómplice silenciosa. No resulta extraño que aquella famosa frase de A.Einstein sea recordada hoy con tanto ahincó en numerosas ocasiones: “Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.” A la que nos permitimos añadir otro famoso recordatorio del gran genio y científico: “La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.”

En definitiva, un fin de semana de lo más entretenido en el que, durante 48 horas, asistimos a un repaso pormenorizado de lo que nos depara el mundo si todo esto sigue igual. Manipulación de la memoria y la historia para delimitar el presente. Manipulación del vocabulario, el análisis y la cotidianidad para encuadrar el pensamiento y la opinión. Manipulación de la información y la realidad para acotar los motivos, los testimonios, las relaciones y, en definitiva, la estructura social. Manipulación de lo posible y lo amoral, del bien y del mal con el fin de promover la resignación, la desesperación y la inmovilidad. En definitiva, la construcción de una gran farsa repetida hasta la saciedad, e impuesta como única posible realidad. Los viejos discurso de la violencia y la radicalidad, de la representatividad y de la nación, frente a los de la solidaridad, la autogestión y la clase. Y sin embargo, nada nuevo de verdad.